La empresa que resultó asignataria de las tierras fiscales en las que se proyecta un centro de esquí boutique sigue trabajando para abrir este invierno a pequeña escala.
Con el decreto de asignación en mano y al menos por ahora, sin ninguna traba formal, El Azufre S.A. avanza para concretar el sueño de abrir el centro de esquí en Potreros de Cordillera, Malargüe. Así lo habría afirmado Alejandro Spinello, uno de los socios de la empresa, el estudio de impacto ambiental estaría terminado entre agosto y septiembre.
El objetivo a corto plazo es abrir, en una especie de modo de prueba a pequeña escala, este mismo invierno, incluso antes de cumplimentar los requisitos clave que exige la transmisión de dominio, como lo son la presentación del masterplan y su correspondiente estudio de impacto ambiental.
Para esta apertura temporal del centro de esquí, El Azufre espera contar con la habilitación municipal de Malargüe y la habilitación como parque de montaña que se tramita ante el Gobierno provincial y que requiere, entre otras exigencias, la autorización de uso de las tierras que ya se consiguió con la cuestionada asignación de las 12.000 hectáreas.
A pesar de que la Agencia Nacional de Administración de Bienes del Estado (AABE) manifestó al gobernador Rodolfo Suarez su intención de que éste dé marcha atrás con la asignación de tierras a El Azufre S.A., llame a licitación pública y cobre un canon por el uso con fines lucrativos, la nota enviada no resulta vinculante, fue rechazada por improcedente por el Gobierno provincial y no se han tomado, al menos hasta ahora, otro tipo de acciones legales que pudieran frenar el proyecto.
Se calcula que los gastos de un turista promedio en El Azufre podrían ser 100 veces mayor a los de un turista en cualquier otro centro de esquí tradicional
Así planteada la realidad, y pesar de los cuestionamientos de Nación y de la oposición en Mendoza, la sociedad anónima El Azufre pareciera tener el terreno allanado para lograr el primer objetivo: la apertura del centro de esquí.
A su vez, la empresa se enfoca en la meta a largo plazo que es la obtención definitiva de las tierras pero para eso necesita presentar el proyecto completo, su estudio de impacto ambiental y la adjudicación por parte del dueño de los terrenos que es el Estado nacional.
Esa evaluación de impacto ambiental está en proceso, a cargo de un ingeniero contratado por El Azufre, y se estima que estará lista dentro de seis meses para ser incorporada al expediente iniciado en el ministerio de Gobierno de la Provincia.
El masterplan ya está terminado. "El proyecto general es algo aspiracional según el potencial que tiene el lugar", dijo Spinello a sabiendas que se trata de un plan demasiado ambicioso que, de cumplirse, se irá dando por etapas.
"Lo que nos falta es la seguridad jurídica, el marco regulatorio", recalcó aún con dudas después de los cuestionamientos que surgieron en los últimos meses.
Sabe que cuentan con el ok del Gobierno y la municipalidad; que el proyecto y la inversión son bien vistas por todos los sectores - incluyendo a la oposición local- y se apoya en el departamento de legales de la S.A. que siguió, dice, los pasos que la propia Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) le indicó en agosto del 2018 cuando fue recibido por el ex titular de la entidad, Ramón Lanús (denunciado en varias oportunidades por presuntas irregularidades en su gestión).
Pero es consciente también de que parte de la oposición en Mendoza mantiene firme su postura en contra de la interpretación que siguieron el Gobierno y la Fiscalía de Estado sobre el convenio que diera origen a la supuesta legitimación de la Provincia de asignar las tierras de Potreros de Cordillera a privados en las condiciones en las que lo hizo.
Los pedidos de Ilardo
El senador del Frente de Todos Lucas Ilardo es uno de los que ha levantado bandera en contra de la decisión del gobernador Rodolfo Suarez de asignar 12.000 hectáreas de Potreros de Cordillera a El Azufre.
En diálogo con Diario UNO, el legislador provincial reiteró que está a favor de la inversión pero que para que se concrete se deben seguir los pasos legales necesarios.
En virtud ello pide, en primer lugar, que se ordene la suspensión de las obras: "hasta tanto estén dadas las condiciones y garantías ambientales que se requieren para garantizar la preservación de los glaciares y nacientes de ríos y arroyos".
Pide además que se realice una nueva mensura a cargo de la Provincia (la realizada se hizo con inversión del privado) con la contratación de un agrimensor mediante concurso para subdivivir el territorio, como establece el decreto 95 de 1991, y que se abra el proceso licitatorio para que se presenten diferentes proyectos y oferentes.
Que sean las universidades y organismos científicos los que realicen el estudio de impacto ambiental y ordenamiento territorial; y que se cree una comisión bicameral en la Legislatura para ejercer un control semestral de la obra.
