La Específica de Industria de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael realiza diversas gestiones para solucionar una problemática.
Con la que lucha desde hace años la industria alimentaria mendocina, y sobre todo las empresas asociadas a la institución que se dedican a esa actividad: las demoras en la obtención de números del Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA), que constituyen un obstáculo burocrático que frena el crecimiento del sector.
El problema fue abordado en una reunión realizada en los últimos días, de la que participó el presidente de la Unión Industrial de Mendoza (UIM), Matías Díaz Telli.
Más allá de que el trámite del RNPA corresponde a cada jurisdicción, en Mendoza la situación se ha vuelto especialmente crítica. Hasta hace poco, el Ministerio de Salud y Deportes era el encargado de gestionar estos registros, lo que generó una acumulación de miles de expedientes pendientes y retrasos de meses y años.
Las consecuencias de esta ineficiencia son múltiples y graves:
Pérdida de competitividad: las empresas mendocinas se ven obligadas a esperar meses para poder comercializar sus productos, mientras que en otras provincias los trámites se resuelven en un plazo máximo de 45 días. Esta demora las coloca en una clara desventaja frente a sus competidoras de otras jurisdicciones.
Reducción de oportunidades de negocio: la imposibilidad de lanzar nuevos productos al mercado de manera oportuna, limita las chances de crecimiento de las empresas mendocinas y las expone a perder valiosas oportunidades de negocios, tanto a nivel local como nacional.
Desplazamiento de productos locales: la burocracia del RNPA está provocando que los comerciantes locales prefieran adquirir productos de empresas ubicadas fuera de Mendoza, ya que estos pueden ser comercializados de manera más rápida y sin mayores trámites. Asimismo, las grandes cadenas de supermercados optan por elaborar sus productos de marca propia con empresas externas a la provincia, lo que representa una pérdida significativa de oportunidades para la industria local.
Incremento de costos: las constantes modificaciones en la normativa y los retrasos en la aprobación de los trámites obligan a las empresas a realizar inversiones adicionales en nuevos envases y etiquetas, lo que impacta directamente en sus costos de producción.
Si la situación no se revierte, se corre el riesgo de que la industria alimentaria mendocina se debilite aún más, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo y un menor desarrollo económico para la provincia.
Recientemente, el Gobierno provincial anunció la transferencia del Registro al Ministerio de Producción, con el objetivo de agilizar los trámites y crear un sistema más eficiente. Sin embargo, hasta el momento no se han visto resultados tangibles.
Desde nuestra Específica de Industria se solicita una solución urgente y definitiva a este problema, que afecta no solo a las empresas, sino también a los consumidores mendocinos, que se ven privados de acceder a una mayor variedad de productos y a precios más competitivos.
Con el criterio de aportar al proceso de desregulación que asoma en nuestra nación, la CCIA ve con buenos ojos lo resuelto mediante el Decreto N° 695/2024 del Poder Ejecutivo Nacional, publicado en el Boletín Oficial de la Nación (05-08-2024) -reglamentario de la Ley Bases-, incorporando en el código de procedimientos administrativos el principio del “silencio positivo”. Es un instituto jurídico denominado “anticoima”, aplicado principalmente a las autorizaciones o habilitaciones que dependen de un trámite regulado por los distintos estados, como son las autorizaciones o habilitaciones como las tratadas supras.
Este principio rector obliga al estado a no demorar los trámites y evita que los expedientes duerman en el mostrador de algún funcionario, o bien sea susceptible de carpetearse como es el dicho popular. Ante tal mora, el “silencio positivo” autoriza o habilita con el mero transcurso del tiempo.
En este sentido y como aporte de nuestra entidad, vemos con agrado que tales reformas en los procedimientos administrativos sean incorporadas a los efectos de eficientizar los controles estaduales y, de ese modo, evitar las trabas burocráticas y agilizar los procesos de autorizaciones a fin de eficientizar nuestros costos y acceso inmediato a los mercados de consumos.
De la reunión, mencionada párrafos arriba, participaron el presidente de la CCIA, Gabriel Brega; los vicepresidentes, Gustavo Lombard y Marcos Gianoncelli, y el gerente, Alejandro Flores.
El encuentro fue propiciado por la Específica de Industria, y en representación de ella fueron parte su presidente, Juan Marcos Santisteban; su vicepresidente, Sebastián Alonso Prats; el secretario, Marcos Montiel; el director, Martin Guillen; Javier Giunchi, Amir Sat y Guido Bianchi.
