Se realizó esta mañana una primer instancia en las instalaciones de la Universidad de Cuyo. Participaron docentes universitarios, personal de apoyo académico y estudiantes.
En diciembre del año pasado, a través de la creación del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres, se aprobó la Ley Micaela N° 27499 en el Senado de la Nación. Esta norma establece la instrucción obligatoria en asuntos de género para todos los empleados públicos pertenecientes a los tres poderes.
El nombre de la normativa hace honor a Micaela García, la joven de 21 años asesinada en 2017 en la localidad entrerriana de Gualeguay. En su primer artículo establece: “la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías”.
En base al compromiso adquirido de las Consejerías de Género frente a la prevención y erradicación de la violencia patriarcal, en este caso las de zona sur también pertenecientes a la Secretaría de Bienestar Universitario, y teniendo como base una normativa socio jurídica de la Universidad de Cuyo es que se realizó esta mañana una primera instancia de sensibilización y formación en la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria.
Participaron de la misma : Docentes universitarios, personal de apoyo académico, estudiantes con funciones de apoyo a través de becas, personal en cargos de gestión y referentes estudiantiles de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, Facultad de Ciencias Económicas e Instituto Tecnológico Universitario (FCAI, FCE e ITU).
El objetivo fue en primer lugar, trabajar conceptos claves que permitan incorporar algunas herramientas para comenzar a construir una perspectiva de género.Por otro lado, desnaturalizar formas de relaciones que tienden a reproducir situaciones de violencia y desigualdad de género y también dar a conocer el protocolo de actuación ante situaciones de violencia patriarcal en la Universidad de Cuyo.
Además, trabajar sobre su deber de funcionario público ante la detección de situaciones de violencia de género y la importancia del proceso de orientación respecto al espacio de la Consejería y el uso del protocolo como herramienta institucional y de protección de derechos.
La capacitación estuvo a cargo de Sebastián Mauttino (Trabajador Social), María José González Prado (Psicóloga) y Consejerías de Género zona sur.
