El presidente del bloque de Senadores del Frente Cambia Mendoza, Martín Kerchner explica el proyecto de modificación de la Corte que mandó el Ejecutivo a la Legislatura y al que dos de siete magistrados y la oposición política de la provincia, se oponen, para no perder poder en la sala II. “Fomentar el Forum Shopping, es lo mismo que tener la justicia a la carta”.
El gobernador envió a la Casa de las Leyes un proyecto de ley para reformar el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia, que tiene como objetivo lograr un funcionamiento más eficiente de la Corte, transparentando los procesos y otorgando más confianza de los ciudadanos en la justicia.
Para ello el proyecto propone que todos sus miembros sean parte de un solo tribunal colegiado, donde los siete integrantes deban participar de los fallos, cosa que hasta la fecha no sucedía por que el presidente, ya que no está habilitado para fallar en la mayoría de los procesos, sólo en los plenos de la Corte. Las causas llegan por miles todos los años a este Supremo Tribunal. De esta forma se eliminaría el trabajo por salas, dando una equitativa distribución a la labor, mayor celeridad en los procedimientos y transparencia.
Hoy Mendoza es modelo y reconocida en el país por ser pionera en la modernización de su servicio de justicia.
Desde 2017 se realizó una re ingeniería en la justicia mendocina, que dieron como resultado procesos más ágiles y modernos en la resolución de los conflictos. Por dar un ejemplo, actualmente los juicios, en promedio, no superan el año y medio en obtener sentencia, con tribunales que resuelven más causas de las que les entran.
En este último ejemplo, podemos citar, la reforma a la justicia laboral que creó las Oficinas de Conciliación Laboral, herramienta que permitió reducir en casi un 50% la iniciación de juicios laborales, dándole al empleado y al empleador la oportunidad de resolver conflictos que antes demandaban en promedio 4 años y los gastos que eso implica para todas las partes.
En materia penal, era aún peor, los procesos demoraban hasta seis años en sacar una sentencia, esto llevó a tener personas privadas de la libertad en las penitenciarías de la provincia durante años sin tener sentencia. Por ejemplo, en el año 2015, de todos los privados de la libertad, el 70% están en condiciones de procesados y solo 30% eran condenados, como sabemos que una justicia lenta no es justicia, se realizaron modificaciones al código procesal penal que revirtieron estas cifras y hoy la gran mayoría de presos son condenados con sentencia.
Con la oralidad en los procesos, juicios por jurados, digitalización de los expedientes y como se puede observar en los ejemplos, en estos 6 años de gestión, hemos visto cómo ha cambiado el sistema judicial, con un servicio de justicia pensado para los mendocinos, brindando mayor eficiencia.
Llamativamente, quienes en la “corporación” se resisten a una justicia rápida y transparente usan a un partido político de la oposición, que cómo ariete intenta detener los intentos de modernización en el funcionamiento e independencia de la Corte Suprema.
Sí, dicen una cosa cuando están haciendo otra. Usan el eslogan de ponerse enfrente de este proyecto de modernización para “defender” la independencia del Poder Judicial, cuando en realidad defienden una justicia cooptada por la voluntad de dos jueces, que en una sala de la Corte, opinan e imponen su visión de justicia sobre la voluntad de todo el cuerpo, es decir de los siete miembros, en temas fundamentales que afectan la vida en paz y armonía que pretendemos en democracia; estamos hablando de los fallos de la Sala II en materia penal y en lo laboral.
Hablemos de datos para matar el relato, cuando decimos que hay ineficiencia en el trabajo de la Corte es porque los números hablan: de 9 mil causas que ingresaron a la Corte en los últimos 4 años, el 75% fueron a parar a la Sala II, mientras que solo el 25% restante quedó en la Sala I. Pregunto: ¿Esto no es un claro ejemplo de inequidad en las cargas laborales de los jueces?, ¿Esto no genera lentitud en el servicio de justicia?
Pero si miramos una de las funciones principales de la CSJ, que es dirimir conflictos de poderes o que por su importancia afectan a un gran número de ciudadanos, como las declaraciones de inconstitucionalidad de los actos de gobierno, se da el famoso y conocido, por todos los operadores judiciales, “Forum Shopping” o lo que yo llamo “justicia a la carta”.
Esto no es más que ingresar una causa especulando cuál es la sala más conveniente según los intereses de quien demanda. Sabiendo que las causas ingresan a la Sala I durante la primera quincena de cada mes y a la Sala II en la segunda mitad del mismo. Esto es no tener una justicia imparcial, equitativa y transparente, sería seguir sacándole la venda y la balanza a la estatua que representa la Justicia.
Los opositores al proyecto, dicen que “atender la justicia en salas es garantía”, pero este falso argumento no se verifica en la Justicia Federal, ni en el resto de las cortes provinciales, por ende, este esquema que plantean y pretenden continuar, es arcaico y favorecedor de la burocracia y de los “kioscos” en la justicia.
Los mendocinos hemos elegido a siete ciudadanos para que conformen el máximo tribunal de justicia de Mendoza, por ello confiamos que en acuerdo y respetando las mayorías que el sistema democrático consagra, logren dar certeza a los mendocinos a través de sus fallos; sino la patria se los demandará como dice su juramento.
Lo que no se dice, es que si en las causas importantes, no se hubiese votado en plenario, es decir, que los siete miembros opinen y voten, el criterio de los tribunales inferiores es confirmado solo por dos jueces de una sala, en lugar de los siete de la Corte.
Veamos un ejemplo, como es caso de la “prisión perpetua”, donde los siete miembros votaron por aplicar el criterio más duro, otro ejemplo es la “interpretación de la aplicación de la pena en la tentativa de homicidio”, en este caso hubo una interpretación parcial de dos jueces (de la Sala II) que decían que la persona sentenciada por el intento de asesinato no tendría prisión efectiva, cuando se llevó al pleno de la Corte, cinco jueces fallaron a favor de la prisión efectiva revirtiendo la visión parcializada de esos dos jueces en la Sala II “uno de ellos especialista”.
Como verán todos estos temas afectan directamente la vida de los mendocinos y que si hubiesen sido votados por una sala hubieran tenido una resolución arbitraria afectando directamente los intereses de los ciudadanos.
Todo lo que venimos diciendo, no es relato, es dato. Si miramos la Sala II, que es la que resuelve la mayoría de las causas, allí no hay búsqueda de consensos, solo imposición. Basta ver la larga lista de disidencias del ministro José Valerio, frente a la mayoría automática de esta sala. Esta estadística se puede chequear, en la página del Poder Judicial donde están todos los datos.
Los que hoy salen a oponerse a este proyecto, no hablan de estas realidades que se viven cotidianamente y que afectan directamente no solo a este tribunal, sino también a la vida de los mendocino, a las víctimas del delito y a sus familiares principalmente. Esta oposición utilizada por la corporación judicial, ampoco proponen soluciones a esta problemática, puesto que cuando fueron gobierno no introdujeron ninguna reforma útil para tener una justicia más rápida, transparente y equitativa.
Solo piensan que diciendo que no existe independencia es suficiente, no se hacen cargo de que las antiguas prácticas no funcionan, que esos sistemas que ellos defienden atrasan y que un cambio de raíz es necesario. Esto se logra con un cambio claro de las reglas de juego, mostrando transparencia en el sistema y utilizando al sistema de justicia un verdadero defensor de los Derechos Humanos, como sucede en la mayoría de los sistemas del mundo.
El relato se cae, y desnuda la realidad, dos ministros de siete que tiene la Corte, no quieren perder la mayoría automática, no quieren ser sorteados como todos los jueces, porque allí, en ese sistema transparente, todos son iguales, todos son jueces y todas las opiniones y votos valen.
