La iniciativa del Ejecutivo que obtuvo sanción definitiva, establece arresto de 15 a 30 días o trabajo comunitario para los dueños de casas que se atrevan a violar la medida.
El Senado trató la propuesta que incorpora el artículo 119 bis al Código Contravencional de la Provincia. Dicha norma fija sanciones por incumplimiento de normativas de emergencia en materia sanitaria, que tiene como fundamento de base, la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, en relación con el Covid-19.
La propuesta fue aprobada hoy por el Senado provincial por 22 votos positivos, 3 negativos y 13 abstenciones. Desde el bloque Frente de Todos solicitaron al cuerpo la autorización para abstenerse a votar el proyecto. Pasó al Ejecutivo para que sea promulgado.
La senadora Mercedes Rus fue la miembro informante por parte del oficialista quien enfatizó que este proyecto pretende la incorporación de un artículo al Código de Faltas. «Lo que el gobernador quiere lograr con esto es que tenga un efecto disuasorio mayor. De una ley temporal con un ámbito de aplicación especifico. Yo solicito a ese Cuerpo que acompañe esta iniciativa», destacó.
El legislador Alejandro Abraham subrayó: «Nos encontramos con un proyecto que es controversial. Tenemos situaciones complejas en este tema, lejos de simplificar las cosas se generará un disturbio judicial que le impida dar un mensaje a la sociedad. Me parece que desde el punto de vista legal este proyecto no podría prosperar».
Asimismo el senador Pablo Priore se mostró preocupado por la situación actual de pandemia. «Creo que es necesario este tipo de herramientas para el Poder Ejecutivo. La vamos a acompañar desde el bloque Pro. Es una medida acertada que lleva a generar conciencia para la ciudadanía», aseveró.
El senador Lautaro Jiménez criticó la propuesta del Ejecutivo. Destacó que su bloque no va a acompañar la iniciativa presentada por el Gobierno provincial. Lo mismo expuso su par Marcelo Romano, del bloque Protectora.
Desde el bloque Masfe, el senador Héctor Bonarrico se manifestó a favor de la propuesta presentada por el gobernador Rodolfo Suarez. En tanto que desde el bloque Socialista también acompañaron el proyecto. «Creemos que el Gobierno tiene que tener herramientas para controlar lo que ocurre actualmente», destacó el senador Fernando Alin.
Por su parte, Daniel Galdeano del bloque Intransigente adelantó su voto negativo.
Alcances de la propuesta
Se establecen sanciones de entre 15 y 30 días de arresto o trabajo comunitario desde 60 hasta 80 días para quienes no cumplan con las normas que regulan los encuentros familiares. En caso de reincidencia la sanción se elevará al doble de su mínimo y máximo.
También estipula que las reuniones familiares podrán realizarse de hasta un máximo de 10 personas con parentesco en razón de la naturaleza, las técnicas de reproducción humana asistida, la adopción o la afinidad, hasta el segundo grado en línea ascendente, descendente o colateral. Dichos encuentros podrán realizarse sólo los días domingos de 11 a 19.
Vale aclarar que a través de normativas nacionales y provinciales, se adoptaron distintas medidas para prevenir el contagio del virus, entre ellas, el distanciamiento social, preventivo y obligatorio, con lo cual, “entre los diversos derechos que han debido reglamentarse durante la emergencia, se encuentra el de reunión, que resulta estratégico en virtud de las características de contagio” del Covid-19, dice la fundamentación de la propuesta presentada por el Ejecutivo provincial.
Además enuncia que, “en virtud de los cambios producidos en la situación epidemiológica de la Provincia, y habiendo constatado ciertos incumplimientos respecto de las normas generales”, y “atento a la naturaleza estratégica en materia de control y prevención de la expansión del Virus”, es que “resulta necesario contar con una herramienta jurídica idónea para sancionar a quienes incumplen la normativa dispuesta por la autoridad provincial en materia de reuniones”.
Agrega el texto que sirve de fundamento al proyecto elevado por el gobierno provincial, que el objetivo es imponer “una sanción ejemplificadora a quien de manera irresponsable pone en peligro a la sociedad toda, no sólo por la posible propagación del COVID-19, sino también con la consecuente limitación a las actividades que han sido habilitadas, lo cual repercute a su vez en aspectos sociales y económicos”.
