Así lo dijo el Gobernador durante la apertura del año judicial 2020. Allí aseguró que “vengo a sumarme, durante los próximos 4 años, a este proceso que ya está en marcha pero que está lejos de terminar”.
El Gobernador Rodolfo Suarez, junto al ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibañez Rosaz y al ministro de Planificación e Infraestructura Pública, Mario Isgro, participó del acto de apertura del año judicial 2020 “Justicia Abierta”.
El presidente de la Corte, Jorge Nanclares, estuvo a cargo de la apertura donde dio a conocer los resultados de las políticas públicas realizadas, las acciones con impactos específicos hacia la ciudadanía y los ejes con los que trabajarán durante el 2020.
Estuvieron presentes el vicegobernador, Mario Abed; el procurador, Alejandro Gullé; el fiscal de Estado, Fernando Simón; intendentes; legisladores y los supremos, José Valerio, Dalmiro Garay, Mario Adaro, Julio Gómez y Omar Palermo.
“Es un anhelo que este ciclo que iniciamos juntos sea productivo, armonioso y provechoso para todos. Todos convivimos de forma permanente con profundos cambios en la sociedad que afectan el quehacer diario, la forma de gestionar el Estado, las necesidades y demanda de la gente y por ello la forma en que debemos prestar todos los servicios. Esto incluye a todos quienes formamos parte, temporal o permanente, de la administración del Estado”, sostuvo Suarez.
De esta manera, el Gobernador señaló que “nos pone en la obligación de abrirnos más al diálogo, a la escucha activa y en definitiva al consenso en la toma de decisiones. Desde finales del 2015 hasta hoy el sistema judicial está viviendo una de las transformaciones más importantes de su historia”.
“Vengo a sumarme, durante los próximos 4 años, a este proceso que ya está en marcha pero que está lejos de terminar. Ninguna reforma del sistema judicial seria puede llevarse a cabo en el periodo de tiempo de un solo gobierno”, agregó el mandatario.
Los avances en materia de justicia
El Gobernador indicó que “no se puede negar que en los últimos 4 años se realizaron importantes modificaciones y reformas que marcarán un hito en la historia judicial de nuestra provincia y en su manera de gestionar los conflictos”.
Así, dejó en claro que su Gobierno tenderá a “continuar con esa impronta reformista, profundizar los cambios recientes, y promover los que se requieren”. En este sentido, detalló que “la administración de justicia cumple un rol central, fundamental. Es imposible hablar de ello con pertinencia sin comprender que forma parte del mismo sistema del que forman parte la salud, la educación, la seguridad, las finanzas públicas, la economía. Nuestro crecimiento y nuestro desarrollo dependen de que todo eso funcione bien”.
“La política judicial es la encargada de crear las condiciones para el rescate del valor de la ley, para que recupere su fuerza normativa, y que su mensaje llegue a todos, que obligue a cada uno de nosotros, en síntesis para que no sea letra muerta. Las reglas de juego del Estado de Derecho dependen, en gran medida, del fortalecimiento de la política judicial”, agregó Suarez.
La justicia al servicio de la ciudadanía
El mandatario expresó que “una ciudadanía que no denuncia los delitos que padece, o que no acude a la Justicia para la resolución de sus más diversos problemas, está en camino a un estado de anomia social. A su vez, una cultura judicial que muestra altos índices de calidad es aquella que considera el acceso al servicio público de Justicia como un derecho fundamental, vital para la paz social. No hay gobernabilidad posible sin un auténtico acceso a la Justicia, no aquel que permite entrar tan rápido como salir expulsado por agotamiento o extravío”.
En este sentido informó que “el ciudadano debe saber que cualquier atropello o injusticia por parte de otro ciudadano o del aparato estatal, tendrá una rápida y racional respuesta. Esta es la única manera que la ciudadanía vuelva a creer en la ley y la Justicia. Esta creencia ciudadana promueve el descenso de la violencia social, y sienta las bases del desarrollo colectivo. Pocas veces se ha insistido en la relación cercana entre subdesarrollo y cultura judicial preponderantemente tecnocrática, ensimismada, alejada de los problemas reales de la gente”.
“Hoy se ha hecho público el grave problema de sobrecarga de trabajo de nuestro Poder Judicial. Esta sobrecarga es bifronte: por un lado afecta a las condiciones de trabajo de los operadores judiciales, pero, paralelamente, esta saturación laboral está poniendo de manifiesto una deficiente gestión de la conflictividad social, está mostrando una sociedad insatisfecha. En consecuencia, es urgente un diagnóstico que nos eche luz sobre cuáles son los problemas organizacionales e institucionales”, indicó el Gobernador.
Juicios por jurados
Sobre la incorporación de los juicios por jurados, Suarez destacó el hecho de que “doce ciudadanos comunes, sin especialización técnica jurídica, con las indicaciones de un juez profesional, participan de un verdadero juicio oral y público, para emitir su veredicto de inocencia o culpabilidad, dejando al juez la función de imponer la pena en caso de condena. Muchas voces se alzaron y se alzan en contra de la tradición juradista de resolver los conflictos más violentos”.
De este modo, el mandatario aseguró que “este control o visibilidad social ha obligado, por un lado, a fortalecer los roles procesales y mejorar la preparación del caso, y por el otro, ha despertado una mayor sensibilidad social. El juez ya no puede delegar, el Ministerio Público Fiscal, la Defensa Pública y los abogados del foro local ya no pueden esconderse detrás de un expediente ni salir a escena con un libreto estándar, rutinario, de lenguaje oscuro para regocijo individual”.
La gestión de los recursos
Para finalizar, el Gobernador hizo referencia a que “para que el gasto sea una inversión, se necesita una adecuada gestión de los recursos. Es sencillo encarar procesos de reforma cuando los recursos sobran, pero cuando esto no ocurre se requiere de una gran seriedad en la determinación de las prioridades y una gran inteligencia para que la gestión sea armoniosa y equilibrada”.
Explicó que “desde el Ejecutivo provincial estamos haciendo todo el esfuerzo necesario para que los efectos de esta crisis tengan el menor efecto posible sobre todo en los que más la sufren, adoptando medidas de amplio espectro que incluyen la austeridad en el funcionamiento de la organización estatal, con la premisa de nunca retroceder en la calidad de la prestación de los servicios”.
“Seguimos teniendo una gran oportunidad. Por una parte, de hacer cosas concretas para que los mendocinos vivamos mejor. Y por otra, de una vez por todas demostrar que somos capaces de dejar las mezquindades de lado. Cuando hay necesidades urgentes, cuando las personas necesitan respuestas inmediatas, la especulación personal o política puede llegar a ser vergonzante. Pero vamos a superar la visión cortoplacista de algunos y vamos a seguir trabajando con convicción y determinación por lo que sabemos que corresponde”, sostuvo.
“Si el camino son los obstáculos, la respuesta es el diálogo, la escucha, el ejemplo, los valores, los principios, apostando a la sensatez, al compromiso de dar respuesta desde un sistema político que ya ha perdido demasiada credibilidad”, completó el mandatario.
El resumen de gestión de Nanclares
“Las últimas reformas han permitido acercar el Poder Judicial a la comunidad. La intención es continuar reforzando esta idea y demostrarle a la gente que puede acercarse al Poder Judicial”, sostuvo Nanclares durante su presentación.
“En relación con el sistema judicial vamos a destacar que con el laboratorio de genética se resolvieron 465 causas en el último año. Un avance muy importante, que demuestra que la tecnología ayuda realmente a la investigación. Desde el 2016 se han reducido los delitos en materia de homicidios”, agregó el presidente de la Corte.
Nanclares celebró la tasa de resolución que alcanzó el 106 % en todo el Poder Judicial. De este modo, indicó que “se han resulto más cantidad de causas que las que han ingresado. Si seguimos usando el mismo modelo seguiremos mejorando la justicia”.
Sobre cómo se consiguieron los objetivos, el presidente de la Corte detalló que se debió “a las modificaciones de los códigos y de las leyes, al control del ausentismo gracias a un convenio con la Osep, y a la implementación de la oralidad en el 100% de las causas. Con las últimas reformas ya no podemos hablar de un Poder Judicial, sino de un sistema judicial conformado por la Suprema Corte, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de la Defensa Pública”.
“En el fueron laboral también se realizaron importantes reducción en la duración del proceso con acciones concretas. Se redujeron los plazos de los procesos civiles, teniendo una tasa de satisfacción del 95% de los usuarios y abogados. En materia penal juvenil, realizamos 5.700 audiencias, hicimos un relevamiento integral del funcionamiento del fuero”, añadió Nanclares.
“La importancia del fuero de pequeñas causas es que la gente que no tenía acceso a la justicia por los pequeños reclamos, hoy tiene la posibilidad de hacerlo con una satisfacción del 97% de la gente que la utilizó. En la Dirección de la Mujer se atendieron a 2145 casos. Atender y contener a esa cantidad de personas fue muy importante. Además se han hecho cargo de la capacitación de la Ley Micaela”, explicó el presidente de la Corte.
Nanclares también puso en valor el móvil de información judicial, que “recorrió 20.000 kilómetros en toda la provincia llevando asesoramiento legal gratuito a la comunidad. Si queremos llegar a la comunidad es fundamental la utilización de lenguaje claro, para que se entiendan nuestras resoluciones. El Poder Judicial está dentro de la red nacional de Lenguaje Claro”.
“El polo judicial es una obra magnífica y que esperamos pueda conseguirse financiamiento para poder concluirla y empezar a utilizarla en el 2020” resaltó el presidente de la Corte.
En cuanto a los 12 ejes en los que trabajarán durante el 2020, Nanclares mencionó: Justicia digital, información y comunicación, reorganización administrativa y jurisdiccional, políticas de igualdad de género, lenguaje claro, oralidad, control de gestión y evaluación de desempeño del sistema judicial, derechos humanos y accesos a la justicia, relaciones externas, métodos alternativos de resolución de conflictos, optimización de edificios y sustentabilidad.
