Por mayoría simple, la Cámara Baja de la provincia dio de baja a la 9.209 aprobada poco más de una semana. El desarrollo minero en Mendoza vuelve a tener como marco legal la norma sancionada hace doce años atrás, y que prohíbe el uso de sustancias como el cianuro.
La Cámara de Diputados aprobó por 43 votos a favor la derogación de la ley 9.209, por lo que vuelve a entrar en vigencia de manera inmediata la 7.722, que prohibe el uso de sustancias químicas como el cianuro en emprendimientos mineros desarrollados en Mendoza.
La Cámara Baja dio sanción definitiva de esta manera a una norma que apenas tuvo 10 días luego de su sanción y que generó manifestaciones sociales en su contra. Si bien no fue una votación nominal, sólo cuatro diputados rechazaron la iniciativa enviada por el Gobierno para recuperar la paz social: Guillermo Mosso y Josefina Canal (PD), Hebe Casado y Gustavo Cairo (PRO). La sesión contó con una ausente, la radical Ana María Andía.
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Mosso sostuvo que la situación de derogar la norma aprobada hace días “me avergüenza, el agua va a ser contaminada, vamos a seguir con el 40% de pobreza. La legitimidad del gobernador Suarez obtenida en las urnas chocó con el descontento social. Acá ganó el miedo”. El legislador demócrata manifestó que votó en contra de la derogación “porque no vamos a defender activamente el agua y vamos a quedarnos en el slogan y en el prejuicio. Dejamos a Malargüe como territorio sacrificable”.
Mario Vadillo, de Protectora, sostuvo que “el agua se estaba negociando”. “Se equivocan los que dicen que es una ley antiminera. Lo que no queremos es que el agua de la provincia se contamine”, sostuvo.
La justicialista Cristina Pérez, que había rechazado días atrás la reforma, ponderó que “no debe haber sido fácil dar marcha atrás”. Y recalcó en una autocrítica ante la protesta social que se desató: “Nos encerramos acá a hablar del tema y no salimos a hablar con la gente”, criticó.
El macrista Gustavo Cairo sostuvo que la gente que salió a manifestarse lo hizo de “buena fe pero con poca información”. Cairo expresó que “hay ríos que se han perdido y no por la minería”. “Malargüe es el pato de la boda, es un enclave patagónico que tenemos la suerte de tener, el más rico de Mendoza y nos damos el lujo de no aprovecharlo”, agregó. Al igual que Mosso, adelantó su negativa a apoyar la derogación.
Germán Gómez –PJ- remarcó que “no es sencillo estar sentado acá. Me duele escuchar a algunos legisladores que hemos tratado la modificación en un marco de irresponsabilidad total. No ha sido así”. El sanrafaelino ponderó que la reforma fue “una propuesta de campaña” por parte de Suarez. “El agua en nuestra provincia se pierde en un 40% y de la sanción de la ley 7722 no ha cambiado mucho”, afirmó. “No es oportuna esta ley”, concluyó.
Finalmente, la radical Daniela García afirmó que “el tratamiento no fue exprés, fue un proceso de diálogo por varios meses”. Y se preguntó “cómo vamos a votar en contra del agua mendocina, de ninguna manera íbamos a avalar algo que fuera en contra de nuestro principal recurso. Tal vez nos equivocamos en las formas”. También custionó que una minoría “generó un hostigamiento” a los que apoyaron la ley.
En primer término, la Cámara de Senadores había otorgado la media sanción tambiém por mayoría en un tratamiento donde los legisladores que habían aprobado días atrás la norma justificaron ahora su derogación, cuestionaron las amenazas y escraches que recibieron por redes sociales, destacaron la decisión de Suarez de recuperar la paz social y, en el menor de los casos, rechazaron la iniciativa.
Fuente: https://www.elsol.com.ar/
